SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) –
La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía ha emitido, con fecha 29 de julio de 2009, la Instrucción 2/2009, por la cual acuerda que los desplazamientos de los trabajadores de los juzgados y tribunales andaluces se hagan en medios de transporte público colectivo, salvo autorización expresa de otro medio de transporte.
Según informó el departamento de Begoña Álvarez a Europa Press, la Consejería hizo frente en 2008 a gastos por valor de tres millones de euros en concepto de los taxis utilizados por los trabajadores de los juzgados y tribunales andaluces, recordando que el Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Junta la competencia sobre los medios materiales de la Administración de Justicia.
En este sentido, resaltó que el principio de eficacia en la actividad de la Administración Pública “debe coligarse con la eficiencia y economía en la aplicación de los fondos públicos, por lo que se hace necesario establecer unos criterios para el uso de los medios de transporte cuando se realicen actuaciones judiciales”.
Por ello, ha emitido una instrucción por la que se regula la utilización de los taxis para los servicios que a diario se practican en la comunidad autónoma, de manera que los desplazamientos se harán, tal y como establece el ‘Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio’, en medios de transporte público colectivo, salvo autorización expresa de otro medio de transporte.
De igual modo, puso de manifiesto que los taxis, para servicios especiales, serán autorizados –previo informe de las delegaciones provinciales– por la Secretaría General Técnica de esta Consejería. Los servicios como los levantamientos de cadáveres no se verán afectados en este sentido.
Las delegaciones provinciales están al tanto de esta cuestión y aplican las instrucciones dictadas por la Consejería “para que, de ninguna manera, el servicio público se vea mermado”.
CRÍTICAS DE STAJ
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) aseveró en un comunicado de prensa que esta medida “supondrá un gravísimo perjuicio para la Administración de Justicia, provocando un gran retraso en los procedimientos judiciales, cuya tramitación se paralizará irremediablemente ante la imposibilidad de realizar con la celeridad necesaria los actos de comunicación que, legalmente, han de practicarse personalmente a sus destinatarios”.
En esta línea, puso como ejemplo que el Servicio de Notificaciones de Sevilla practica diariamente más de 500 actos de comunicación, incluyendo embargos y lanzamientos, por lo que “si se suprime el servicio de taxi estos actos de comunicación no podrán realizarse, ante la imposibilidad e inconveniencia de que los funcionarios se desplacen por su propio pie o en autobús urbano a las largas distancias que hay que recorrer para practicar las comunicaciones”.
Al mismo tiempo, indicó, en cuanto al Juzgado de Guardia de Sevilla, que el funcionario competente tiene que desplazarse diariamente a la prisión de Sevilla, “que está situada a más de 20 kilómetros del centro urbano, o al Instituto de Toxicología, que también está alejado de la sede del Juzgado de guardia”. “Evidentemente, sin la asistencia del servicio de taxi será imposible que puedan practicarse los actos de comunicación necesarios”, apostilló.
