Que el sistema de elecciones a Compromisario de la Mutualidad General Judicial no es el que más facilita la participación directa de los electores no es ningún secreto. La existencia de una sola mesa de votación –ubicada en Sevilla-, para toda Andalucía occidental –Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla- y Ceuta, no puede calificarse más de que de barbaridad antidemocrática. STAJ y nuestros compromisarios en la Asamblea de MUGEJU hemos pedido reiteradamente que se instale, al menos, una mesa por provincia.
La existencia de una sola mesa motiva que el voto, mayoritariamente, se ejerza por correo. Si a ello se une que la remisión del voto a la mesa puede hacerse no sólo por correo sino también a través de un tercero autorizado, las garantías de limpieza democrática son muy escasas, si no se adoptan cautelas adicionales para garantizar que el elector vota a quien quiere votar libre y personalmente y sin manipulaciones de ningún tipo. La propia Gerencia Central de MUGEJU advirtió en su momento mediante una instrucción que para esta modalidad de entrega del voto por tercero autorizado, sustitutiva de la remisión del voto por correo, era necesario extremar las cautelas y por ello el elector debía estampar su firma en el sobre, además de consignar su nombre y apellidos (preceptivo por así establecerlo el artículo 12 de la Orden de 16 de junio de 1982, reguladora de los procesos electorales a Compromisarios de la Asamblea General de MUGEJU).
Los sobres llevados a la mesa por miembros de STAJ que fueron autorizados para llevar votos de algunos electores reunían todas esas garantías: Nombre y apellidos en el remite, y firma del elector en la solapa de los sobres, además de haber cumplimentado de puño y letra del propio elector la autorización para que un tercero les presentase, en ese sobre cerrado, sus votos ante la mesa electoral. En cambio, buena parte de los sobres entregados por miembros de CSIF ante la mesa electoral, casi al término del horario de votación (más de 600) no tenían esas garantías. De esos votos llevados por CSIF, al menos 337 no tenían firma, ni constaba el remitente, ni nada. La mesa electoral no comprobó siquiera si la firma de las autorizaciones coincidía o no con la de los electores supuestamente autorizantes.
Por ello, de esos 337 sobres, al menos, no existe la más mínima garantía de que los votos han sido ejercidos personal y libremente por los electores, por lo que deben ser considerados todos nulos. La Mesa electoral, en cambio, y sorprendentemente, no lo ha estimado así, dando por buenos todos esos votos y beneficiando con ello, descaradamente, a los candidatos presentados por CSIF, que gracias a ello han sido los elegidos. Algo más propio de una república bananera que de un estado democrático de derecho. De ahí que el proceso de votación haya sido impugnado y se haya pedido su nulidad. Veremos en qué queda todo y cuál es la respuesta de la mesa ante esta primera impugnación. Desde luego no nos vamos a parar y si es necesario acudiremos a los tribunales para denunciar esta tomadura de pelo que han protagonizado CSIF y la mesa electoral.
Por lo demás, hay que dejar claro que las elecciones a compromisario de MUGEJU no son unas elecciones sindicales, ni otorgan representatividad a los sindicatos ante ningún foro, ni siquiera ante la propia MUGEJU, pues los compromisarios representan a los mutualistas, no a los sindicatos. Algunos parecen haber olvidado esto y han convertido estas elecciones en una nueva batalla sindical.
Sin perjuicio de la impugnación del resultado electoral, los compromisarios elegidos en Sevilla han sido los miembros de CSIF Águila Fernández Domínguez y Miguel Angel Ramos Alfonso. La primera repite mandato; en los últimos cuatro años no ha difundido entre los mutualistas ni una sola información sobre MUGEJU y su trabajo como compromisaria. Si acaso habrán informado, de vez en cuando, a sus afiliados a CSIF, aunque tampoco nos consta. El segundo es nuevo en esto, aunque ya fue liberado de ese sindicato muchos años. Recuerda, ambos representan a todos los mutualistas, no sólo a esos afiliados, de modo que exígeles información y que ejerzan con transparencia las responsabilidades que han asumido como compromisarios.
