HAY MOTIVOS…

En los últimos años, con la excusa de la crisis, el Ministerio de Justicia se ha lanzado a una loca carrera que sus representantes denominan reformista pero que encubre un verdadero proceso privatizador de la Administración de Justicia, en algunos casos presionado por lobbys profesionales muy bien situados en el Ministerio.

Una reforma que no cuenta ni con el personal funcionario de Justicia, profesionales especialistas en procedimientos judiciales que es lo que nos define como Cuerpos de funcionarios en la LOPJ, ni con el personal laboral, a los que se nos ha marginado de los foros de discusión de estas medidas que afectan a nuestras condiciones de trabajo. De todo este proceso será la ciudadanía y las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral de la Administración de Justicia los que verdaderamente sufrirán las consecuencias de la misma.

Por su parte, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ha vuelto a poner en marcha su absurdo proyecto de implantación de la Nueva Oficina Judicial (y Fiscal), en un escenario de persistente crisis económica que desaconseja llevar a cabo la mayor transformación en el funcionamiento de la Administración de Justicia, solapándose –además- con las reformas que pretende el Ministerio de Justicia, sin haberse diseñado aún la forma de hacerlas compatibles, y, todo ello, sin negociación con los representantes de los funcionarios.

Además, en Andalucía, nos han reducido la productividad, han eliminado la Acción Social y existe el serio riesgo de que se mantengan los recortes salariales del 5% de este año para el próximo año 2014

Los recortes salariales, supresión de extra y las congelaciones desde el año 2010 han supuesto pérdidas de retribuciones entre el 25 y el 30%.

Sigue leyendo (hoja informativa conjunta)

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