Una decena de familias de Granada se beneficia ya de la iniciativa de unos empleados públicos que tratan de paliar los daños en casos de desahucio inminente.
Ponen en contacto a las administraciones y facilitan un estudio más pormenorizado de cada situación, como la que atraviesa Estefanía, su pareja y sus dos hijos menores.
Este gabinete de funcionarios de la Administración de Justicia espera que se pueda “institucionalizar” de alguna manera este servicio de ayuda a familias afectadas.
Joaquín está muy “tocado”. Lleva cinco años ejecutando lanzamientos en Granada, entre ellos alguno de la Casa del Aire. Él y otros dos funcionarios de Justicia están cansados de asistir a desahucios y, sobre todo, de ver reflejado en su trabajo el sufrimiento de las familias afectadas. Por eso, han puesto en marcha un particular “gabinete” a través del cual se ha conseguido que diez familias, con orden de lanzamiento y en situación certificada de exclusión social, puedan encontrar acomodo temporal a sus circunstancias y no se queden en la calle de un día para otro.
La iniciativa, que parte de Joaquín Martínez, Miguel Esteban y Miguel Ángel Herrera, a los que les han sumado varios funcionarios más, cuenta con el apoyo del juez decano, Jesús Rodríguez Alcázar, y del secretario coordinador provincial, Daniel de la Rubia Sánchez. El protocolo de colaboración en materia de lanzamientos de primera vivienda, que firmaron con el alcalde de Granada, ofrece en una primera fase una labor informativa al ciudadano sobre los Centros de Servicios Sociales Comunitarios a los cuales la familia puede acudir. En una segunda fase, cuando el lanzamiento tiene día y hora señalados, se agotan todos los recursos administrativos y sociales que se les pueda ofrecer.
Con este protocolo pretenden mitigar el largo y complicado camino, muchas veces convertido en un peregrinaje imposible, que sufren las familias ante este tipo de situaciones. “Cuando a una persona le empiezan a llegar deudas y como culmen le llega la orden de lanzamiento, debido a la desesperación se niega a abandonar su casa porque no tiene un sitio adonde ir”, comenta Miguel Ángel. Ante esto, “la respuesta de la Administración no puede ser mandarle furgonetas de la Policía como si se fuera a desarticular una célula yihadista. Nosotros proponemos informar al ciudadano y recabar su autorización para que, desde el primer momento, los juzgados podamos empezar a actuar, ahorrarle parte de ese largo camino y buscar juntos soluciones, de manera que el protocolo firmado no quede en papel mojado”, añade.
Es el caso de Estefanía y de su pareja, que llevan dos años en paro, tienen dos hijos de 7 años y 4 meses y la fecha de lanzamiento de su vivienda para el próximo mes de diciembre. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la inmobiliaria que le alquila su vivienda VPO, se encontraron una mañana con que tenían una citación en los juzgados, con día y hora de su desahucio. Estefanía, a través de la plataforma Stop Desahucios Granada, contactó con los funcionarios, quienes le ofrecieron varias alternativas que todavía no se han podido materializar pero que ella califica de “esperanzadoras”.
“Buscando alternarivas”
Ahora mismo, el proceso de esta familia está paralizado a la espera de que le designen un abogado de oficio. Mientras, sigue “buscando alternativas”. El servicio funcionarial le ha ofrecido poder contactar con el asesor jurídico de los Servicios Sociales municipales para que estudien en profundidad su caso. Estefanía y su pareja tienen un hijo con una minusvalía del 59% y la Junta de Andalucía todavía no le ha ingresado la prestación que le corresponde ni la ayuda de alquiler durante tres meses que ha solicitado.
A través del protocolo, casos como el de Estefanía pueden estudiarse con más detenimiento y, sobre todo, las familias pueden sentir que agotan todos los recursos posibles ante la fecha de lanzamiento de su vivienda. “Me llaman casi todos los días para contarme las gestiones que van haciendo y adonde tengo que dirigirme para pedir las ayudas que me corresponden. Ahora mismo son mi segundo apoyo junto a Stop Desahucios”.
Este servicio, que también cuenta con el beneplácito del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, no tiene coste alguno. Por esta razón, otro de los funcionarios, Miguel Esteban, no consigue entender por qué en la Consejería de Justicia e Interior se produce “un tapón” y no impulse la creación definitiv de este tipo de servicio. “Nosotros somos sensibles ante esta problemática y crear esta especie de manual de urgencia podría ayudar a muchas familias que van a ser desahuciadas. Pretendemos que este servicio se institucionalice y no quede al buen criterio de cada funcionario o responsable, que en un momento dado pueda negarse a llevarlo a cabo”.
El pasado 17 de junio, la parlamentaria de IU Alba Doblas presentó una proposición no de ley en la Cámara andaluza que recogía las líneas de actuación del protocolo, solicitando la implantación de este servicio, a través de la Consejería de Justicia, en todas las provincias de Andalucía. Además, apostaba por establecer una primera experiencia piloto en el partido judicial de Granada capital. La proposición no de ley salió adelante con los votos de IU y PP, votando el PSOE en contra del primer punto y a favor de una experiencia piloto previa. Este hecho sorprendió a los funcionarios impulsores de la misma puesto que, tal y como afirman, “destacados cargos públicos y responsables políticos del PSOE en Granada nos habían dado su apoyo sin paliativos”.
Objetivo: “institucionalizar” la iniciativa
Desde el Centro Municipal de Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de Granada aplauden la iniciativa ya que les ha permitido trabajar con un margen de tiempo mayor tanto en la primera fase como en la segunda. “En muchos casos, las familias no acuden a nosotros por vergüenza o por desconocimiento, y este protocolo lo que permite es la coordinación entre distintas administraciones para que nuestro trabajo sea efectivo”. Desde mediados del año 2012 han atendido más de 600 casos de familias afectadas por problemas relacionados con la vivienda. El protocolo, según comentan, “por un lado nos permite tener tiempo para estudiar la situación real de cada familia y, por otro, podemos asesorar e informarles de los recursos disponibles para su ayuda”.
Fruto de la situación social que ha generado la crisis económica y de la gran cantidad de personas que han perdido su vivienda, según explica Miguel Ángel Herrera, “surge la necesidad de crear este tipo de servicio de atención al ciudadano para que situaciones como la vivida recientemente en Sevilla se puedan evitar ofreciendo acompañamiento e impulso, desde el primer momento, con las distintas administraciones, agotando todas las vías existentes previas al desahucio, ya sea con Delegación de la Vivienda, con Servicios Sociales o con el Colegio de Abogados, intentando evitar todo el sufrimiento posible”. Miguel Esteban aclara que con este servicio “no sabemos si podremos acabar con la desesperación que llevó a Gustavo a suicidarse pero sí podemos exprimir todos los recursos disponibles para evitar que se llegue a ese extremo”.
Los funcionarios siguen ofreciendo este servicio de forma voluntaria y están a la espera de que se le dé luz verde desde la Consejería de Justicia e Interior, después de haberlo presentado también a la Diputación de Granada para que las familias que vivan en la provincia, y no solo en Granada capital, puedan solicitarlo. A día de de hoy no han recibido comunicación alguna para poder, de alguna manera, institucionalizarlo.
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