Jul 10 2009

El Sindicato STAJ denuncia publicamente la intención de la Conseria de Justicia de suprimir puestos de trabajo en los Juzgados de lo Penal de Málaga.

Insertamos articulo de portada del Diario Sur de 10 de julio de 2009

Fuente: Diario Sur. Accede pinchando AQUI

Los juzgados se quedan sin refuerzos para agilizar miles de sentencias sin cumplir

La Consejería de Justicia suprimirá en diciembre el personal de apoyo que introdujo hace poco más de un año tras el escándalo del ‘caso Mari Luz’

Funcionarios y jueces se muestran contrarios a esta decisión de la Junta cuando las oficinas judiciales acumulan 16.000 resoluciones pendientes de ejecutar

10.07.09 –

MONTSE MARTÍN

MÁLAGA

Además de celebrar los juicios ordinarios y rápidos, los juzgados de lo penal se encargan de ejecutar las sentencias que dictan los jueces. / SUR

La Junta de Andalucía suprimirá en diciembre el personal de refuerzo que puso en los juzgados de lo penal a raíz del ‘caso Mari Luz’ para desatascar las 16.000 sentencias sin ejecutar. En su lugar, la Consejería de Justicia proyecta poner en marcha en enero de 2010 una oficina específica de ejecuciones de sentencias para aliviar el trabajo de estos juzgados, aunque, eso sí, sin aumentar plantilla. Esta medida se va a poner en marcha sin que el problema de las conocidas como ejecutorias (ejecución de sentencias) se haya resuelto, lo que ha provocado ya una primera reacción de los jueces de lo penal y de los sindicatos de funcionarios, que se muestran contrarios a la decisión de la Junta.

El personal de refuerzo fue contratado en mayo de 2008 por la Junta de Andalucía cuando el dramático desenlace de la desaparición de la niña Mari Luz Cortés puso al descubierto la precariedad de medios de estos juzgados y las miles de sentencias sin ejecutar que se acumulaban en sus oficinas. Con el objeto de ir dando salida a las 16.000 resoluciones pendientes en Málaga, la Consejería de Justicia contrató a quince trabajadores de apoyo. Sin embargo, apenas un año después los redujo a diez.

El recorte no ha quedado ahí. Ahora los planes de la administración autónoma pasan por eliminar el personal de apoyo definitivamente a final de año. Comenzará el próximo agosto, mes en que se suprimirán entre cuatro y seis trabajadores de los diez actuales. Los restantes rotarán por las distintas oficinas judiciales hasta diciembre, mes en que cesarán.

Según ha podido saber este periódico, la medida no ha gustado a los jueces de lo penal, que desde el ‘caso Mari Luz’ han venido reclamando que estos refuerzos no sólo hay que mantenerlos sino ampliarlos. Es más, los magistrados han pedido de forma reiterada la creación urgente de al menos cinco juzgados más de lo penal además de un aumento sustancial de la plantilla de funcionarios (de los ocho actuales a diez) para poder abordar la carga de trabajo que soportan.

Reunión de jueces

Los jueces se reúnen hoy en una junta sectorial para tratar el asunto. El decano en funciones, Manuel Caballero Bonald, explicó este periódico que durante la junta se realizará un análisis de la situación por la que atraviesan los once juzgados de lo penal, en cuanto a carga de trabajo, celebración de juicios rápidos y ordinarios y, sobre todo, el estado actual de las ejecutorias. En esta reunión se pronunciarán también sobre la supresión del personal de refuerzo, que los jueces interpretan como una consecuencia de un recorte presupuestario.

También abordarán el proyecto de la oficina común de ejecuciones, cuya puesta en marcha el año que viene ha sido presentada por la consejera, Begoña Álvarez, como un nuevo modelo con el que se pretende abordar el atasco pendiente. Ello significa que en la práctica los juzgados de lo penal dejarán de ejecutar las sentencias, ya que ese trabajo lo asumirá la nueva oficina, que estará dirigida por un secretario judicial y que se nutrirá de funcionarios de los propios juzgados de lo penal ya que no está prevista la contratación de una plantilla específica para este nuevo órgano.

Aún está por determinar el número de trabajadores que formarán parte de esta oficina de ejecuciones, que, sin embargo, despierta ya bastantes recelos. Por un lado, porque existen dudas sobre su eficacia, y, por otro, porque utilizará la plantilla con la que ahora cuentan los juzgados penales. De esta manera, éstos se quedarían reducidos a la mínima expresión con un juez, un funcionario de gestión y dos de tramitación. La figura del secretario se modificaría, ya que el proyecto de la Consejería de Justicia (del que se conoce sólo el modelo que se aplicará en Sevilla) prevé únicamente un secretario para cada dos juzgados.

A los funcionarios no les ha sorprendido la noticia de la supresión del refuerzo. «Se veía venir cuando redujeron el personal de quince a diez», asegura uno de ellos.

A los sindicatos tampoco. «No teníamos conocimiento oficial, pero hace un par de semanas nos reunimos con la delegada de Justicia y nos dijo que no había dinero para pagar los refuerzos y que le indicáramos qué juzgados saldrían menos perjudicados con la supresión. Le contestamos que todos saldrían perjudicados», explica Juan Antonio Luque, delegado del sindicato Staj.

Luque recuerda que el pasado 29 de junio la consejera de Justicia, Begoña Álvarez, se reunió con la junta de personal: «Le pedimos que no sólo se mantuvieran los refuerzos sino que se aumentaran. La consejera nos contestó que la solución no era mantener los refuerzos, sino crear la oficina común de ejecutorias».

Sobre esta nueva oficina, el delegado sindical opina que «se está desvistiendo un santo para vestir otro porque se trata de la misma plantilla» y pronostica un «auténtico caos» en los próximos meses en los juzgados de lo penal. Según Luque, se avecina un otoño caliente «cuando en octubre o noviembre coincida el traslado de los funcionarios titulares con experiencia que han pedido otros destinos con la reducción del personal de refuerzo», agrega Juan Antonio Luque.

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