Una vez más. Esta vez en su comparecencia ante el Congreso de los diputados el pasado miércoles, en la que el nuevo Ministro se ha mostrado partidario de mantener la estructura actual del modelo judicial en lo relativo a demarcación y, en concreto, “a los partidos judiciales como elementos que permiten prestar un servicio público de Justicia”.Eso no quiere decir que no se vayan a introducir las mejoras que sean necesarias para que la distribución territorial judicial funcione de un modo más eficaz en cuanto al tiempo de respuesta al ciudadano. Para ello se estudiará cómo racionalizar el reparto de las cargas de trabajo a través de las salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y los jueces decanos en coordinación con el CGPJ.
Ver noticia en prensa: http://diariodenoticias.laley.es/documento.asp?id=./NE0000521598_20141015.HTML
Es, ni más ni menos, lo que venimos diciendo desde el mes de julio, pues el preacuerdo suscrito por STAJ y el Ministerio, garantizaba el mantenimiento de los partidos judiciales, entre otras muchas cosas. El desastroso Anteproyecto de LOPJ, que entre otras cosas eliminaba los partidos judiciales, va a sufrir profundos cambios, en muchísimos aspectos, muchos de ellos fruto de ese preacuerdo, como por ejemplo, ese del mantenimiento de los partidos judiciales.
Ahora algún sindicato que se ha opuesto dura e injustamente al preacuerdo y que, por tanto, daba su visto bueno indirectamente la desaparición de partidos judiciales, juzgados de Paz, pérdida de derechos, etc. etc., volverá a escribir párrafos interminables tratando de explicar lo inexplicable de su actitud politizada, partidista y electoralista.
REGISTRO CIVIL.- Por lo que respecta a esta materia, el Ministro no ha desechado en absoluto su idea de privatización, únicamente la está matizando en cuanto a la obligación de los Registradores de formar una corporación de derecho público que costee la implantación de la plataforma informática, de forma que esa privatización –mejora del servicio, la denomina el Ministro- se hará “con los recursos existentes y garantizando la gratuidad de los servicios que requieran los ciudadanos, así como la titularidad estatal de los datos registrales y su máxima protección.”
STAJ no acepta la privatización y ha exigido al Ministerio el mantenimiento del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, y especialmente la garantía de mantenimiento de todos los puestos de trabajo.
