El Ministerio privatiza el Registro Civil

Como ya STAJ ha informado en los últimos días, el Consejo de Ministros dio el viernes el visto bueno al proyecto del Ministro Gallardón de privatizar el Registro Civil.

Ignorando las peticiones realizadas desde muchos sectores, incluidos los propios Registradores de la Propiedad y Mercantiles, el Gobierno ha introducido en el Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, varias disposiciones adicionales decretando la prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, del Registro Civil, adjudicando su gestión al Registro Mercantil, que pasará a denominarse Registro Civil y Mercantil.

La desfachatez del Ministerio en este asunto es lamentable, demostrando su absoluta falta de lealtad hacia todos los colectivos implicados en la llevanza del Registro Civil y especialmente su falta de respeto a los funcionarios y funcionarias de Justicia, a quienes se nos ha negado la información una y otra vez y con quienes no se ha negociado absolutamente nada en cuanto al futuro del personal afectado por la desaparición del Registro Civil como centro de destino en la Administración de Justicia.

STAJ ha abogado siempre por el mantenimiento del Registro Civil como un servicio dentro de la Administración de Justicia, aun sin estar servido por jueces, y sobre todo ha exigido en todo momento el mantenimiento de los puestos de trabajo de la plantilla orgánica adscrita a Registro Civil. El Ministerio se ha limitado a afirmar (ya tampoco nos creemos esto) que garantiza el mantenimiento de esos puestos de trabajo “para su ámbito”. Pero, ¿qué pasa en los ámbitos gestionados por las CCAA con competencias en materia de Justicia? El Ministerio se lava las manos y no dice nada a este respecto, por lo que mucho nos tememos que las CCAA hará lo que les venga en gana, como nos tienen acostumbrados.

STAJ VA A CONVOCAR MOVILIZACIONES contra la privatización del Registro Civil, exigiendo el mantenimiento de este servicio dentro de la Administración de Justicia y que no se pierda ni un solo puesto de trabajo, no sólo en el ámbito del Ministerio, sino en TODA ESPAÑA.

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