Oct 28 2014

Dimiten el Director y el Subdirector General de los Registros y el Notariado, máximos impulsores de la privatización del Registro Civil.

Ha presentado su dimisión al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, el director general de los Registros y del Notariado (DGRN), Joaquín Rodríguez.
Catalá ha aceptado el cese, que es extensivo al subdirector, Javier Vallejo, y a los registradores que estaban en comisión de servicios como letrados de la DGRN.
La dimisión de Rodríguez es consecuencia de los cambios introducidos por el ministro Catalá en el anteproyecto de Ley de Registro Civil, que han supuesto el inicio de negociaciones con el Colegio de Registradores para elaborar una nueva plataforma informática, la eliminación de la Corporación Pública y del anteproyecto de Demarcación. Rodríguez no asistió ya a la primera reunión de la Comisión mixta.
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Por lo que respecta a la desjudicialización del Registro Civil, el Ministerio no va a modificar la ley ya aprobada, por lo que sigue su curso la entrega a los Registradores mercantiles, si bien buscando nuevas fórmulas para la mejor prestación del servicio por parte de estos, garantizando en todo caso la gratuidad. Desde STAJ seguimos insistiendo en que el Registro Civil debería seguir siendo un servicio dentro de la Administración de Justicia y que, en todo caso, deben garantizarse todos los puestos de trabajo en todos los territorios, habiéndonos manifestado el Ministro que se está trabajando en esa línea y que la intención es que todos los funcionarios afectados, titulares e interinos, permanezcan prestado servicios en las mismas localidades actuales.
En cuanto a la situación en que quedarán los Juzgados de Paz tras la desjudicialización, por perder buena parte de sus funciones actuales, el Ministro confirma lo recogido en el preacuerdo en cuanto a la asunción de nuevas funciones por parte de esos juzgados en materia de mediación y colaboración general con la Administración de Justicia, así como algunas competencias en materia de Registro Civil.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración seguiremos insistiendo al Ministerio que en cualquier caso se garantice la no amortización de ningún puesto de trabajo de los que ahora forman parte de la plantilla orgánica de los órganos judiciales y que sean consecuencia de las competencias en materia de Registro Civil que dichos órganos pudieran tener en la actualidad.
Esa garantía debe ser plasmada en los textos legales que procedan, para ser aplicables a todo el territorio nacional, obligando así no sólo en el ámbito gestionado directamente por ese Ministerio, sino también en aquellos ámbitos gestionados por las CCAA que han asumido competencias en materia de Justicia. Para ello, exigimos la reapertura urgente de la negociación, donde se busque una solución satisfactoria a todo este personal, y que no le cause ningún perjuicio ni pérdida de retribuciones ni, por supuesto, cambio de localidad de destino.

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