Publicada en Prensa:
El sindicato STAJ denuncia a la Junta ante la Inspección de Trabajo por la situación de las instalaciones, apuntaladas y llenas de cucarachas
«Cucarachas, puntales y escombro». Ésa es la realidad del archivo de los Juzgados de Cádiz, cuyos empleados parecen más obreros que funcionarios de Justicia, a tenor del material de construcción con el que están apuntaladas las instalaciones y a los trozos de techumbre que se desprenden constantemente sobre sus cabezas.
Con el paso de los años, el archivo se ha convertido en una trinchera de la que sus empleados rezan diariamente por salir indemnes, puesto que la Junta de Andalucía no parece muy dispuesta a velar por ellos.
De hecho, la falta de respuesta por parte del Gobierno andaluz ha motivado la denuncia que el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha presentado ante la Inspección de Trabajo. Este órgano ha dado un plazo «inexcusable» de una semana para que se adopten las medidas oportunas que garanticen la seguridad de los empleados públicos.
«Creemos que la Junta ha de velar porque en sus sedes judiciales no campen las cucarachas como en una ciénaga y porque sus trabajadores no deambulen por un archivo apuntalado con material de construcción», ha indicado la delegada de STAJ en Cádiz, Carmen del Castillo.
El origen de estas obras perpetuas se remonta a agosto de 2008, cuando los calabozos de los Juzgados de Cádiz fueron clausurados por el Gobierno andaluz, con la intención de reformarlos de forma inmediata. Las celdas fueron trasladadas finalmente a otra sede, aunque en su afán de no desaprovechar las instalaciones, la Junta decidió ubicar en ellas el archivo de los Juzgados de Instrucción número 4 y de Primera Instancia número 1 de la localidad.
Desde dicha fecha, STAJ ha venido denunciado el «estado ruinoso» del archivo, para lo cual ha enviado reiteradas solicitudes a la Consejería de Justicia e Interior exigiendo o bien su acondicionamiento o bien su traslado a un lugar que reúna las condiciones apropiadas para el desempeño de este servicio. Sin embargo, ésta no se ha pronunciado en ningún momento sobre la materia, lo que ha desembocado en la referida denuncia.
«Se trata de una falta muy grave contra el derecho a la prevención de riesgos laborales de los trabajadores», ha indicado Carmen del Castillo. Además, ha considerado que esta deficiencia choca con la intención de la Junta, «que sabemos frívola y falsa», de implantar en la comunidad la nueva Oficina Judicial, que de contar con los mismos medios que los archivos de Cádiz, se asemejará más a una zona de guerra que a una administración oficial.
La noticia en prensa:
