Continúan las movilizaciones contra las peligrosas reformas proyectadas por el Ministerio de Justicia.

El Ministro de Justicia sigue empeñado en privatizar la Administración de Justicia.

A la privatización de los Registros Civiles (proyecto que ahora está parado, pero que no se ha descartado ni mucho menos), se une la atribución de funciones procesales a los Procuradores, que podrán realizar funciones que hasta ahora venimos desempeñando con plenas garantías de imparcialidad y de legalidad los funcionarios públicos al servicio de la Administración de Justicia. El Ministro de Justicia miente cuando afirma que con ello se agilizará la Administración de Justicia, ocultando con ello la falta de inversión real en medios personales y materiales al servicio de la Justicia en nuestro país. La nueva medida aprobada por el Gobierno y que ha iniciado ya los trámites para su futura aprobación por el Parlamento busca sólo beneficiar a un colectivo, el de procuradores, que está siendo fuertemente cuestionado en la propia Unión Europea, y supone la privatización descarada de funciones públicas, con el consiguiente encarecimiento de la Justicia y el peligro para muchos puestos de trabajo que ocupamos los funcionarios.

No es el único proyecto que puede perjudicarnos a corto o medio plazo. Todos los proyectos de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de demarcación Judicial, e incluso la reforma del proceso penal, que atribuye la instrucción al Ministerio Fiscal, pueden afectar de manera negativa a las condiciones de trabajo de los Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Y todo ello lo hace el Ministerio con total falta de transparencia, lanzando mensajes equívocos, intentando tranquilizar pero sin explicar con claridad hasta dónde piensa llegar con todos sus proyectos.

Ello merece la respuesta contundente de todos los funcionarios, de carrera e interinos que prestamos servicio en la Administración de Justicia. Porque peligra el servicio público, porque siguen peligrando nuestras retribuciones, porque peligran nuestros puestos de trabajo.

EL DÍA 22 DE MAYO, ACUDE A LAS CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES CONVOCADAS EN TODAS LAS CAPITALES DE PROVINCIA.

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