La solución es el incremento de plantillas, y no la redistribución del personal. El TSJA se contradice a sí mismo. Donde antes decía que faltaban más de 500 funcionarios, ahora dice que sobran. ¿A qué se debe este giro de 180 grados?
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Prensa:
El sindicato STAJ, ante el acto de inauguración del nuevo Año Judicial que se celebrará mañana 18 de Septiembre en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, quiere dar a conocer a la opinión publica el análisis que hacen los funcionarios de justicia andaluces sobre la situación de la Administración en la que trabajan diariamente y todo ello, conocedores de que, en dicho acto, se hará especial énfasis en la nueva tesis que desde hace un par de años se ha gestado -prácticamente al unísono- desde la Consejería de Justicia y el propio TSJA, por la que pretende dar un giro de 180 grados a las posibles soluciones de los males que aquejan esta administración, pasando de la anterior valoración por la que se concluía en una alarmante falta de medios humanos y materiales a otra incomprensiblemente opuesta: sobran funcionarios….
La Memoria del TSJA del año 2008, en su página 135, anunciaba la elaboración de un Informe sobre la situación y necesidades de personal al servicio de la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.
Referido Informe cuya elaboración se acordó por el Pleno de la Sala del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla consistió en la realización de un detallado estudio sobre las necesidades de todos los Órganos Jurisdiccionales de su territorio (Andalucía, Ceuta y Melilla) en relación al Personal al Servicio de la Administración de Justicia con que cuenta, abordando el análisis de cuantos datos y circunstancias, dentro de la labor diaria de los Juzgados y Tribunales, fuesen conveniente conocer y valorar en orden a mejorar en el funcionamiento y servicio que el Poder Judicial tiene constitucionalmente encomendado. Su publicación tuvo lugar en Noviembre de 2008 y se trata, sin lugar a dudas, del análisis más exhaustivo, pormenorizado y riguroso de cuantos se han realizado hasta la fecha.
A modo de conclusión sobre necesidades de personal y actualizaciones de las actuales plantillas de los órganos judiciales, la propuesta del TSJ de Andalucía (según se dice en las páginas 177 y 178 del Informe), realizada desde la reflexión, el estudio de la carga de trabajo, de la evolución en el funcionamiento de los distintos órganos del territorio andaluz y de la dotación funcionarial, supondría un incremento de la plantilla en 543 plazas: 167 gestión, 281 de tramitación y 95 de auxilio judicial. Y este incremento y actualización global de 543 nuevos puestos de trabajo en la Dotación de Funcionarios de Justicia, continúa diciendo, “supone el aumento mínimo e imprescindible que se considera necesario para el adecuado y racional funcionamiento de los actuales órganos judiciales en Andalucía. Se está ante una propuesta de necesidad calificable y sumamente restringida”.
Sobre esta necesidad la respuesta de la Consejería de Justicia de Andalucía fue el anuncio de un encargo a una empresa especializada de un ambicioso y detallado estudio de necesidades de personal y aunque se dice en la página 9 del Informe que sus resultados se esperan para 2010, este estudio ha quedado guardado y no ha visto la luz.
En cambio, y sorprendentemente, a partir de 2010 en las sucesivas Memorias del TSJ de Andalucía se habla de la existencia de un alto número de funcionarios y un número de jueces relativamente reducido, citando un estudio de la Comisión Europea para la eficacia de la Justicia -CEPEJ- (Memoria de 2010 página 9; Memoria de 2011 página 5). Y en las dos últimas Memorias, las de 2012 y 2013, además de incidir sobre la creación de un mínimo de 85 nuevos jueces, sus propuestas apuntan a que es necesario un esfuerzo de organización en el personal que trabaja para la Administración de Justicia, siendo básica la reordenación de efectivos para que los Juzgados o Tribunales con mayor carga de trabajo incrementen sus plantillas y por tanto la realización, a la mayor brevedad posible, de una Relación de Puestos de Trabajo adecuada a la situación actual de los órganos judiciales de nuestra Comunidad Autónoma (Memoria de 2012 páginas 173 y 174) y en su última Memoria se dice que con independencia del despliegue de la NOJ, se reitera la obligación, previa e inmediata, de redistribuir efectivos en diversos órganos (Memoria de 2013 página 9). En este sentido la propuesta de la Consejería de Justicia para desatascar los juzgados andaluces que se acordó en la Comisión Mixta entre la Junta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) celebrada en Sevilla el pasado lunes 8 de septiembre de 2014.
Después de un análisis de las últimas Memorias anuales del TSJ de Andalucía, desde STAJ formulamos dos cuestiones que aunque estén íntimamente relacionadas se deberían plantear de manera separada. La primera pregunta obviamente sería a qué factores obedece tamaña contradicción, es decir, ¿cómo en el Informe acordado en la Memoria de 2008 después de un pormenorizado análisis de la situación y necesidades del personal al servicio de la Administración de Justicia, el TSJ de Andalucía propone un incremento de la plantilla cifrado en 543 plazas y en las sucesivas Memorias desde 2010 hasta 2013 el mismo Tribunal dice, por un lado, tomando como referencia un estudio que no es propio sino de un tercero desconocedor de la situación de la justicia española, que existe un alto número de funcionarios de justicia y, por otro, que el plan para desatascar los juzgados andaluces es la redistribución de efectivos entre los diversos órganos judiciales?. O dicho de otro modo, ¿cómo se pasa de una profunda reflexión que pide “incremento de la plantilla” al dicen en Europa que “sobran funcionarios” y más adelante a la ocurrencia de que la solución está en el “trasvase de funcionarios”?.
Para este sindicato está meridianamente claro que la solución para solventar el problema de la justicia en Andalucía pasa por un incremento real de la plantilla del personal al servicio de la Administración de Justicia. Todo lo que no signifique un incremento de esta plantilla funcionarial es no querer dar solución a este asunto. La última propuesta de la Consejería de una inmediata redistribución de efectivos en los órganos judiciales andaluces está abocada al fracaso y trata una vez más de ocultar el verdadero problema de la justicia andaluza, que no es otro que el déficit de funcionarios. Es más, con esta propuesta se podría empeorar aún más el problema ya que se desmantelarán los escasos órganos judiciales que todavía funcionan bien. Se parte del argumento falaz de que si un órgano judicial no está sobrecargado en ese órgano sobran funcionarios y habrá que trasvasarlos, no teniendo en cuenta que si el órgano judicial funciona bien puede deberse a la estabilidad u otros factores y no al exceso de la plantilla.
Para STAJ se actúa a golpe de ocurrencia de algunos iluminados, si en 2010 la excusa para no incrementar la plantilla era que un estudio, -sin tener en cuenta la situación de la justicia española- decía que el número de funcionarios de justicia en España era elevado; a partir de 2012 hasta nuestros días el nuevo plan, a modo de revelación, que salvará a la justicia andaluza es la redistribución de funcionarios, es decir, quitar de un sitio para poner en otro, sin que exista incremento funcionarial alguno. Todo un ejercicio de prestidigitación.
La segunda cuestión, no menos fundamental sería ¿Por qué el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía después de la realización de un pormenorizado estudio sobre la situación y necesidades del personal al servicio de la Administración de Justicia, a partir de 2010 asume las tesis de la Consejería de Justicia?, en otras palabras, ¿por qué en 2008 el TSJ de Andalucía aparece como un poder judicial independiente con una propuesta de incremento de plantilla con la que no se muestra de acuerdo la Consejería de Justicia y desde 2010 la Consejería y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía parecen que van dados de la mano?.
Es más, da la sensación que a partir de 2010, los capítulos dedicados a las necesidades de personal en las Memorias anuales se redactan al son de las directrices que marca la Consejería, cuyas propuestas no tienen el mínimo rigor que se debiera exigir y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en vez de marcar las pautas a seguir –como hizo en 2008-, actúa a modo de avalista de estas propuestas. El papel que juega el TSJA es el de ratificar los dictados de la Consejería de Justicia y no el de la búsqueda de soluciones para la mejora de la justicia. Las propuestas, que como hemos dicho más bien son ocurrencias y nunca soluciones previamente reflexionadas, meditadas y estudiadas, se acuerdan al unísono en las Comisiones Mixtas que se celebran como la del último Plan de redistribución de efectivos para desatascar los juzgados andaluces.
De aquel Informe de 2008 elaborado por el TSJ de Andalucía que concluía, después de un exhaustivo, meditado e independiente estudio con un incremento de plantilla en 543 funcionarios ya nadie se acuerda. Eso sí, el TSJA en su última Memoria anual solicitaba un mínimo de 85 nuevos jueces. En esta misma línea, cogidos de la mano, a finales de agosto de 2014, la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno central un mínimo de 145 nuevos jueces y fiscales para acabar con el “colapso” de la justicia.
El próximo jueves 18 de septiembre tendrá lugar la inauguración de un nuevo año judicial en Andalucía, desde STAJ instamos al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a que esa institución recupere la independencia de la que hizo gala en su Informe de 2008, pedimos que desde esa atalaya denuncie los recortes de toda índole que está llevando a cabo la Consejería de Justicia como el distinto trato en los descuentos por enfermedad con respecto a Jueces y Magistrados cuando se trabaja en el mismo centro de trabajo, ¿cabe mayor despropósito, mayor desigualdad, mayor ultraje?; que denuncie el retraso en las coberturas de bajas auspiciado por la Consejería desde año un año como ya lo denunció en el Informe de 2008, en el que se decía que “las bajas de todo tipo que surgen en los órganos judiciales no se atiende con la celeridad necesaria. Las soluciones dadas por la Consejería hasta ahora han pasado por ralentizar su cobertura, evitarlas, desatender las solicitudes, dejar de contestarlas, centralizar el problema como una cuestión de “Sevilla”, es decir lo mismo que ocurre actualmente pero con la diferencia que ahora el mismo TSJA es el que “mira para otro lado”, etc, etc; en fin, que tenga la valentía de denunciar como lo hizo en 2008 que las verdaderas necesidades del personal al servicio de la Administración de Justicia están supeditadas no a una redistribución del personal sino a un imprescindible incremento de la plantilla. No se trata de solicitar nada nuevo sino de ratificar sus propias demandas.
