JOSÉ ANTONIO SAU En un juzgado de lo Penal cualquiera de la capital, donde hay 14, la carga de trabajo diaria es enorme, pero el problema no es esa saturación de expedientes, sino que se ventilan materias importantísimas, como sentencias sin ejecutar. Una ejecutoria sin resolver motivó que el asesino de Mari Luz Cortés no cumpliera una condena por abusos sexuales y acabara encontrándose con la pequeña onubense dando lugar al trágico desenlace ya conocido por todos. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los órganos de lo Penal malagueños arrastraban a finales de junio la friolera de 18.330 fallos sin ejecutar. Los sindicatos exigen a la Junta de Andalucía un plan de choque inmediato para superar una situación que califican de «límite».

La idea es que el paquete de medidas entre en vigor ya, algo difícil porque no hay dinero; por cierto, las propuestas abarcan todas las áreas de acción, y los sindicatos consultados instan a la administración a que las pongan en marcha de forma inmediata, antes de que entre en vigor la reforma de la Nueva Oficina Judicial.

Planes extraordinarios

«La Consejería de Gobernación y Justicia sigue con la intención de implantar la Nueva Oficina Judicial ya, los proyectos piloto deben entrar en funcionamiento ya mismo; pero con anterioridad a cualquier implantación, debe haber planes extraordinarios para disminuir la bochornosa pendencia de los juzgados de lo Penal», afirma Juan Antonio Luque, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).

De la misma forma lo ve Adriano Moreno, responsable del sindicato spj-uso: «No podemos entrar en la oficina judicial con casi 20.000 ejecutorias pendientes, eso sería una barbaridad, como ya ha ocurrido en Burgos o Murcia, con juzgados sobrecargados. Debemos llegar a la reforma con el contador a cero». Los calificativos que Moreno regala a la situación de los juzgados de lo Penal son claros: «Colapso, momento extremo».

Dos años para una ejecución

La ejecución de una sentencia es un trámite complejo pero decisivo porque si no se lleva a cabo el fallo es papel mojado. Y no se trata sólo de mandar al reo entre rejas, «sino que hay que requerir el pago de una multa o de una indemnización, instar la tasación de los daños, o retirarle el carné de conducir a un condenado. Ahora, una ejecución compleja puede demorarse hasta dos años», afirma Moreno.

Las medidas propuestas por los sindicatos son claras: reclaman un aumento de plantilla por oficina de ocho a diez funcionarios, como ocurre en los órganos civiles y de Instrucción –con un gestor y un tramitador más para atacar las ejecutorias–; un incremento en el número de órganos: dos, según spj-uso, si crece la plantilla, y seis más si no se llega a la decena de empleados públicos. STAJ pide diez juzgados más. Y, por último, exigen más planes de tarde o que se incentiven las horas extraordinarias. Los planes de refuerzo sirvieron el año pasado para contener algo el crecimiento de ejecutorias, pero no se ponen en marcha desde entonces.

«En Penal 8 se van todos ahora. Allá donde haya un penal no existen funcionarios de antigüedad y están desbordados», asevera Moreno, quien afirma que las ejecutorias suben poco a poco sin que nadie les ponga coto. «Hay que incentivar la estabilidad», apuntó.

Las ejecutorias crecieron sobre todo a partir de 2009 tras la reforma de los delitos relacionados con la seguridad vial, en la que se tipificaron como ilícitos nuevas conductas que antes sólo tenían sanción administrativa, así como por la respuesta penal que se dio a los ilícitos de violencia de género. Ahora, esa bolsa asfixia a los penales.

«Lo de aumentar la plantilla de los órganos de lo Penal es algo urgente, para igualar el número de funcionarios con los de otras jurisdicciones», explicó Juan Antonio Luque, líder del STAJ.

Ambos líderes sindicales insisten en que lo sucedido en Penal es similar a lo acaecido en la jurisdicción civil debido a la crisis económica, «órganos en los que la carga de trabajo ha aumentado en más de un 50% en los últimos años», subrayó. «Sin bajar de las casi 20.000 ejecutorias es imposible implantar un nuevo modelo de oficina judicial», aclaró el responsable del STAJ.