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Dic 11 2008

(sin título)

Sindicato de Trabajadores
de la Administración de Justicia

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), ante las manifestaciones vertidas en la prensa en los últimos días por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, y su titular Evangelina Navarro, manifiesta lo siguiente:

– Es rotundamente falso que los sindicatos hayamos pedido una plantilla de 40 funcionarios para atender el servicio de guardia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Lo que estamos reivindicando es la plantilla completa del Juzgado que esté en turno de guardia, es decir, 10 funcionarios: ni más ni menos que lo que tendrá Barcelona, cuyo Partido judicial tiene el mismo volumen de asuntos penales en materia de Violencia de género que Sevilla, y que cuenta además con el mismo número de Juzgados. Las afirmaciones de la Sra. Consejera demuestran, o bien un desconocimiento absoluto de las reivindicaciones de los trabajadores, o, lo que es más grave, un vergonzoso intento de confundir a la opinión pública, utilizando mentiras miserables.

– Los datos ofrecidos por la Consejería en cuanto al volumen de asuntos están falseados. Cuando la Consejería habla de diligencias urgentes, confunde los conceptos, desconociendo que ese es el nombre que técnicamente recibe uno de los muchos tipos de procedimientos judiciales. No existen 4 juzgados especializados en Sevilla sólo para tramitar 17 diligencias al año y unas cuantas órdenes de protección más. Afirmar eso es tanto como afirmar que no existe un problema real de Violencia machista, justamente lo contrario de lo que las estadísticas demuestran y que continuamente estamos viendo en los medios de comunicación.

– El servicio de guardia en materia de Violencia sobre la Mujer conocerá no sólo ese tipo de procedimientos (que, precisamente al existir un servicio de guardia, se incrementarán) sino otros muchos que, de acuerdo con lo que establecen las leyes procesales y los Acuerdos del Consejo General del Poder Judicial, deben tramitarse durante el servicio de guardia. Es decir, y sin ánimo de ser exhaustivos: La recepción e incoación de las denuncias, atestados, partes de lesiones, toma de declaración a la víctima, al detenido y/o imputado y a los posibles testigos; resolución sobre la situación personal de los detenidos, acordando su prisión provisional o puesta en libertad; el examen de la víctima por parte del médico forense; tramitación de las peticiones de órdenes de protección en todo caso, con independencia de que el Juez, posteriormente, las conceda o no (si las concede, aún hay que realizar más actuaciones, pues es necesario ponerlo en conocimiento de las instituciones correspondientes) –la Consejería sólo cita en sus datos las órdenes que han sido concedidas, pero no las denegadas, desconociendo que todas ellas deben ser tramitadas-… Actuaciones, todas, que no se practican en cinco minutos, sino que, al contrario, llevan horas. La Consejería de Justicia, con su titular al frente, pasando por la Directora General de Recursos Humanos, Isabel Cumbrera Guil, han demostrado una preocupante ignorancia de los más elementales aspectos de la tramitación procesal. Es lamentable que los responsables políticos de la Administración de Justicia en Andalucía no tengan ni la más remota idea de cómo se tramita un procedimiento judicial.

– Los datos relativos a asuntos que ingresan actualmente en el servicio de guardia ordinario, y que a partir de enero SE SUMARÁN a los que actualmente ingresan directamente en el específico de Violencia, no son 2,4 al día, como afirma la Consejería, sino 7,6, tal como ha certificado el propio Juzgado Decano. Dicho dato, siguiendo el mismo razonamiento empleado por la Consejería, justificaría por sí mismo una plantilla de 10 funcionarios y no de cuatro. A esos asuntos hay que sumar muchos más que los Juzgados de Instrucción de guardia remiten a los especializados en Violencia de género sin pasar por el decanato, que, por tanto, no figuran en la certificación expedida por el Juez Decano.

– Los funcionarios en ningún momento hemos pretendido que el Juzgado esté cerrado tres meses al año. Eso es falso. Lo que estamos pidiendo es, sencillamente, que se arbitre un sistema que permita que el servicio esté suficientemente atendido, respetando el necesario descanso de los trabajadores. En cuanto a las retribuciones, la propuesta de la Consejería supone una media de 7 euros la hora. Sobran los comentarios.

– El complemento que actualmente perciben los funcionarios destinados en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tiene como fundamento la especial penosidad derivada la materia específica que constituye el objeto de estos Juzgados, y tiende a lograr una permanencia de los profesionales que trabajan en ellos, evitando continuos traslados del personal que redundan en una ineficaz Administración de Justicia. Se trata de una apuesta asumida en su día por la propia Consejería, por lo que no entendemos por qué se utiliza ahora como crítica destructiva. Por otra parte, el horario no es de 8:30 a 14:30, sino de 7 a 15, con prolongaciones de jornada continuas (horas extra), que rara vez se pagan por la Consejería (lo cual es un problema común en todos los Juzgados, no sólo en Sevilla)

– La recepción de asuntos actualmente en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tiene lugar hasta las 13 horas, precisamente para evitar que la mujer maltratada tenga que soportar interminables horas esperando a que su caso sea atendido. Se ha demostrado que incluso cortando la entrada de asuntos a esa hora, las actuaciones se prolongan más allá de las 4, las 5 ó las 6 de la tarde. Las víctimas no merecen eso.

– Por último, hemos de manifestar que los sindicatos convocantes de la huelga constituimos la mayoría sindical en la Provincia de Sevilla, donde el STAJ es mayoritario; la huelga ha sido convocada tras la decisión adoptada por los trabajadores implicados por aplastante mayoría; mayoría que se ha visto reflejada, todos los días, con un seguimiento de la huelga del 95%. Nuestra principal reivindicación es la NEGOCIACIÓN, sobre la plantilla y las condiciones de trabajo en que se desarrollará el servicio de guardia en los Juzgados de violencia sobre la Mujer a partir de enero. No pretendemos imponer, sino NEGOCIAR, al igual que se ha hecho en la Comunidad de Madrid o en la de Cataluña. La Consejería andaluza, al contrario, pretende obligar, sin negociar. Inaudito que esto ocurra en pleno Siglo XXI.

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